El pasado martes 21 de junio fui invitado a una sesión ordinaria del Consejo Municipal de Copacabana, en la que se debatió sobre la posibilidad de cerrar el establecimiento carcelario del municipio. Esta es una magnífica oportunidad para que las investigaciones desarrolladas en éste y otros establecimientos del departamento antioqueño tengan impacto en la realidad carcelaria de nuestros municipios, haciendo que el trabajo académico no se quede simplemente en las bibliotecas.

En esta sesión manifesté la inconveniencia de cerrar la cárcel, teniendo en cuenta que los establecimientos carcelarios municipales son una manera de mantener lo más cerca posible a una persona que está siendo procesada y de quien consecuentemente se predica su inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial condenatoria. A lo que obviamente se suma el que se trata de una obligación legal del municipio que no debe ser evadida.

Tras haberlo detectado en la investigación “Estado de los centros y lugares de reclusión de Antioquia” terminada en febrero de 2011, insistí en la necesidad de que este establecimiento se vea fortalecido con el nombramiento de un director y que no sea simplemente la Secretaría de Gobierno Municipal la que ejerza funciones de dirección, porque ello conduce a la  desatención del establecimiento y de las condiciones de vida de las personas que se encuentran allí privadas de la libertad.